No reconocer a Israel: Un camino hacia la rendición de cuentas, la igualdad y una paz duradera

El conflicto israelo-palestino, que abarca más de siete décadas, sigue
siendo una de las disputas más intratables y moralmente cargadas de la
historia moderna. El Estado de Israel, reconocido por 165 estados
miembros de la ONU al 1 de junio de 2025, ha sido acusado de violaciones
sistemáticas del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad y genocidio, particularmente en sus
operaciones militares en Gaza y Cisjordania. La Corte Internacional de
Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) han tomado medidas
sin precedentes, con Sudáfrica liderando un caso de genocidio contra
Israel en la CIJ y la CPI emitiendo órdenes de arresto contra el primer
ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav
Gallant en 2024. A pesar de estas acciones, la rendición de cuentas
sigue siendo esquiva, en gran parte debido al estatus de Israel como
estado reconocido y la protección que recibe de aliados como Estados
Unidos. Este ensayo sostiene que la comunidad internacional debería dar
un paso audaz: no reconocer a Israel como estado, cortar todos los lazos
diplomáticos y económicos, etiquetar a las Fuerzas de Defensa de Israel
(FDI) como una organización terrorista y ejercer jurisdicción universal
sobre presuntos criminales de guerra y terroristas que ingresen a sus
territorios. Estas medidas no solo harían responsable a Israel, sino que
también nivelarían el campo de juego en las negociaciones de paz,
obligando a los representantes israelíes y palestinos a negociar como
iguales y forzando a Israel a hacer concesiones para recuperar la
legitimidad internacional.

1. El caso legal y moral para no reconocer a Israel

El reconocimiento de un estado bajo el derecho internacional, según lo
establecido en la Convención de Montevideo de 1933, es un acto político
discrecional, no una obligación legal. Un estado debe tener una
población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad
de entablar relaciones con otros estados. Aunque Israel cumple con estos
criterios en teoría, sus acciones —particularmente su ocupación de los
territorios palestinos desde 1967, la expansión de asentamientos y las
operaciones militares que causan víctimas civiles masivas— socavan su
legitimidad como estado que cumple con las normas internacionales. La
opinión consultiva de la CIJ de 2024 declaró ilegal la ocupación de
Israel, y el caso de genocidio en curso en la CIJ, respaldado por
estados como Sudáfrica, Turquía e Irlanda, resalta un consenso creciente
de que la conducta de Israel constituye graves violaciones del derecho
internacional.

No reconocer a Israel le quitaría su estatus soberano, eliminando las
protecciones legales que lo blindan de la rendición de cuentas. Como
entidad no estatal, Israel ya no se beneficiaría de la inmunidad
soberana en los tribunales internacionales, y sus acciones podrían ser
juzgadas bajo marcos antiterroristas en lugar de las leyes de la guerra.
Existen precedentes históricos: Bolivia retiró el reconocimiento a
Israel en 2023, y Venezuela lo hizo en 2009, citando las acciones de
Israel en Gaza. Si una masa crítica de estados siguiera este ejemplo, la
condición de estado de Israel sería deslegitimada, forzando un ajuste de
cuentas con sus políticas.

2. Cortar los lazos diplomáticos y económicos

Cortar los lazos diplomáticos y económicos amplificaría la presión sobre
Israel para abordar sus violaciones. Diplomáticamente, esto significaría
cerrar embajadas, expulsar a los diplomáticos israelíes y suspender la
participación de Israel en foros internacionales como la ONU.
Económicamente, implicaría imponer sanciones integrales, prohibir el
comercio y desinvertir en empresas israelíes, particularmente aquellas
cómplices en la ocupación, como las que operan en asentamientos
ilegales. El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ya ha
ganado tracción a nivel mundial, con países como Irlanda y España
tomando medidas en 2024 para restringir el comercio con asentamientos
israelíes. Un boicot económico más amplio golpearía duramente la
economía de Israel —su PIB de 2024 de 548 mil millones de dólares
depende en gran medida de las exportaciones, particularmente en
tecnología y armamento, a EE.UU. y la UE.

Tales medidas aislarían a Israel internacionalmente, reflejando las
sanciones impuestas a Sudáfrica durante el apartheid en la década de
1980, que finalmente obligaron al régimen a negociar. La dependencia de
Israel del apoyo internacional, particularmente de EE.UU., que
proporciona 3.8 mil millones de dólares en ayuda militar anual, lo hace
vulnerable a una presión económica coordinada. Si EE.UU., influenciado
por una opinión pública cambiante (por ejemplo, una encuesta de Gallup
de 2024 que muestra un 55% de desaprobación de las acciones de Israel en
Gaza), reduce su apoyo, Israel enfrentaría incentivos significativos
para cambiar sus políticas.

3. Etiquetar a las FDI como organización terrorista

Etiquetar a las FDI como una organización terrorista sería una
consecuencia natural de no reconocer a Israel. Según la definición de la
Base de Datos Mundial sobre Terrorismo (GTD), el terrorismo implica el
“uso amenazado o real de fuerza y violencia ilegal por parte de un actor
no estatal para lograr un objetivo político, económico, religioso o
social a través del miedo, la coerción o la intimidación”. Si Israel ya
no fuera un estado, las acciones de las FDI —como el bombardeo de 2024
de un campamento de tiendas en Rafah con bombas de 2,000 libras, matando
a docenas de civiles desplazados, o atraer a palestinos hambrientos a
puntos de distribución de ayuda antes de abrir fuego— encajarían en esta
definición. Estos actos, actualmente evaluados como crímenes de guerra,
serían reclasificados como terrorismo, alineándose con cómo se tratan
acciones similares de grupos como ISIS o Al Qaeda.

Las implicaciones legales son profundas. Los estados podrían designar a
las FDI como una organización terrorista bajo las leyes nacionales, como
la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) de EE.UU. o la
lista negra de terroristas de la UE, permitiendo sanciones,
congelamiento de activos y prohibiciones de viaje para los miembros y
partidarios de las FDI. Por ejemplo, los individuos que inciten ataques
contra la Flotilla de la Libertad, como hundir barcos que transportan
activistas como Greta Thunberg, podrían ser procesados por incitación al
terrorismo bajo leyes como la Ley de Terrorismo de 2006 del Reino Unido
o la Directiva 2017/541 de la UE. Esto también se extendería a quienes
proporcionen apoyo material a las FDI, como proveedores de armas o
donantes, bajo marcos como el 18 U.S.C. § 2339B en EE.UU.

4. Ejercer jurisdicción universal

La jurisdicción universal permite a los estados procesar a individuos
por crímenes internacionales graves, como el terrorismo,
independientemente de dónde ocurrieron los actos o de la nacionalidad de
los perpetradores. Si las FDI fueran etiquetadas como una organización
terrorista, los estados podrían ejercer jurisdicción universal sobre
comandantes, soldados y funcionarios israelíes que ingresen a sus
territorios. Por ejemplo, un comandante responsable del bombardeo de
Rafah en 2024 podría ser arrestado en España o Bélgica, donde los
tribunales tienen un historial de perseguir tales casos (por ejemplo, el
caso de Bélgica de 2001 contra Ariel Sharon por la masacre de Sabra y
Shatila).

Las órdenes de arresto de la CPI de 2024 para Netanyahu y Gallant ya
establecieron un precedente, pero su ejecución se ve obstaculizada por
la no membresía de Israel en la CPI y la protección de EE.UU. La
jurisdicción universal supera estas barreras, ya que los estados
individuales pueden actuar de manera independiente. Esto crearía una
amenaza constante de arresto para los funcionarios israelíes que viajen
al extranjero, reforzando el principio de Núremberg de que los
individuos son responsables por crímenes internacionales, incluso si
siguen órdenes. También disuadiría futuras violaciones al señalar que la
impunidad ya no está garantizada.

5. Forzar la igualdad en las negociaciones de paz

Uno de los resultados más significativos de estas medidas sería nivelar
el campo de juego en las negociaciones de paz israelo-palestinas.
Actualmente, Israel negocia desde una posición de fuerza como estado
reconocido con un ejército poderoso, respaldado por EE.UU. Palestina,
reconocida por 139 estados pero no por las principales potencias
occidentales, es tratada como una entidad no estatal, a menudo
representada por la Autoridad Palestina (AP) o Hamás, este último
designado como organización terrorista por muchos estados. Esta
asimetría socava las negociaciones significativas, ya que Israel
enfrenta poca presión para hacer concesiones.

No reconocer a Israel y etiquetar a las FDI como una organización
terrorista cambiaría esta dinámica. Israel perdería su estatus de
estado, colocándolo en igualdad de condiciones con los representantes
palestinos. Ambas partes serían tratadas como actores no estatales,
potencialmente con grupos armados (FDI y Hamás) etiquetados como
organizaciones terroristas. Esta paridad legal obligaría a ambas partes
a negociar sin el desequilibrio de la condición de estado, forzando a
Israel a abordar las demandas palestinas fundamentales, como el derecho
al retorno, el fin de la ocupación y el establecimiento de un estado
palestino viable.

Los ejemplos históricos respaldan este enfoque. En la década de 1990, el
régimen del apartheid en Sudáfrica, enfrentando aislamiento global y
sanciones, se vio obligado a negociar con el Congreso Nacional Africano
(ANC), previamente etiquetado como grupo terrorista por estados
occidentales. La designación del ANC finalmente se eliminó, y ambas
partes negociaron como iguales, lo que llevó al fin del apartheid. De
manera similar, no reconocer a Israel podría empujarlo a comprometerse
seriamente con los representantes palestinos, sabiendo que su
legitimidad internacional —y su supervivencia económica— depende de una
resolución justa.

6. Obligar a Israel a hacer concesiones

Para recuperar el reconocimiento internacional, Israel necesitaría hacer
concesiones significativas. Estas podrían incluir:

-   Fin de la ocupación: Desmantelar los asentamientos ilegales en
    Cisjordania y retirarse de los territorios ocupados, en línea con el
    fallo de la CIJ de 2024.
-   Cese de operaciones militares en Gaza: Detener los bombardeos,
    bloqueos y otras acciones que causan víctimas civiles, como las
    operaciones en Gaza de 2024-2025 que mataron a más de 45,000
    palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.
-   Rendición de cuentas por crímenes de guerra: Cooperar con la CPI y
    los tribunales nacionales para procesar a los comandantes y
    funcionarios de las FDI responsables de atrocidades, como el
    bombardeo de Rafah o los ataques a convoyes de ayuda.
-   Reconocimiento del estado palestino: Apoyar la plena condición de
    estado de Palestina, incluyendo el control sobre Jerusalén Este como
    su capital, como una condición previa para el re-reconocimiento.

El incentivo para recuperar el reconocimiento sería inmenso. Sin la
condición de estado, Israel perdería acceso al comercio internacional,
los sistemas financieros y los foros diplomáticos. Su economía, que
depende en gran medida de las exportaciones a la UE y EE.UU., colapsaría
bajo sanciones sostenidas. La amenaza de la jurisdicción universal
también disuadiría a los funcionarios israelíes de viajar al extranjero,
creando incentivos personales para el cumplimiento. Los estados podrían
ofrecer un camino claro hacia el re-reconocimiento: implementar estas
concesiones, demostrar el cumplimiento del derecho internacional y
recuperar la legitimidad.

7. Abordar los contraargumentos

Los críticos pueden argumentar que no reconocer a Israel arriesga
escalar el conflicto, potencialmente llevando a medidas extremas como la
Opción Sansón, la presunta doctrina nuclear de Israel. Aunque esto es
una preocupación válida, la probabilidad de una escalada nuclear es
baja: el uso de armas nucleares por parte de Israel provocaría
represalias globales, potencialmente involucrando a Irán, Pakistán,
China y Rusia, y aseguraría su propia destrucción. Es más probable que
Israel intensifique las operaciones convencionales, como se vio en
2024-2025, pero esto podría contrarrestarse con fuerzas de mantenimiento
de la paz internacionales o sanciones más estrictas.

Otra preocupación es que estas medidas podrían envalentonar a facciones
palestinas como Hamás, designada como grupo terrorista por muchos
estados. Sin embargo, la capacidad de Hamás para escalar está limitada,
como se mencionó anteriormente, ya que está severamente debilitada por
el bloqueo y las operaciones militares de Israel. Además, etiquetar a
las FDI como un grupo terrorista crearía paridad, alentando a ambas
partes a desescalar para evitar una deslegitimación mutua.

Finalmente, algunos pueden argumentar que no reconocer a Israel socava
la estabilidad del derecho internacional al politizar la condición de
estado. Sin embargo, el reconocimiento de un estado siempre ha sido un
acto político, como se ve con entidades controvertidas como Kosovo o
Taiwán. Usar el reconocimiento como una herramienta para hacer cumplir
la rendición de cuentas se alinea con los principios de justicia y
derechos humanos que sustentan el derecho internacional.

8. Conclusión

La comunidad internacional tiene una obligación moral y legal de abordar
las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de
Israel. No reconocer a Israel como estado, cortar los lazos diplomáticos
y económicos, etiquetar a las FDI como una organización terrorista y
ejercer jurisdicción universal sobre presuntos criminales de guerra y
terroristas crearían una presión sin precedentes para la rendición de
cuentas. Estas medidas obligarían a los representantes israelíes y
palestinos a negociar como iguales, nivelando el campo de juego en las
negociaciones de paz y forzando a Israel a hacer concesiones —fin de la
ocupación, cese de operaciones militares y reconocimiento del estado
palestino— para recuperar la legitimidad internacional. Aunque existen
riesgos de escalada, el potencial para una paz justa y duradera los
supera. Ha llegado el momento de que el mundo tome medidas audaces,
asegurando que la justicia, la igualdad y los derechos humanos
prevalezcan en el conflicto israelo-palestino.